La cobertura de la red de gas natural sigue creciendo a paso lento. Pero tan lento que no logra reducir el déficit de habitantes que no tienen el servicio: un 60% de los hogares.

Según datos aportados por la empresa GasBan a Pilar de Todos, a julio de este 2017 hay en todo el distrito 44.820 clientes residenciales, contra 41.863 que había en 2015: es decir una suba del 7,06%, o de poco más de 3,5% en promedio por año.

Los índices, entre 2013 y 2015, por ejemplo, cuando los usuarios domésticos saltaron de 38.665 a 41.863, indican que el alza en promedio fue de poco más del 4% anual.

Pero la cantidad de más conexiones no supera con fuerza en términos reales el crecimiento poblacional del distrito, según estadísticas del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.

Es que en 2010 había un medidor cada 8,94 personas; en 2013 había un medidor de gas residencial cada 8,33 habitantes; en 2015, uno cada 8,12 personas; mientras que en 2017 es un medidor cada 7,93 pilarenses.

En siete años, en otros términos, la aguja apenas se ha movido hacia arriba para darle cobertura a una persona más por medidor.

El rol del Estado

Las conexiones a redes de gas han quedado casi siempre en manos de los vecinos o emprendimientos que se radican, por medio de contratos directos, donde los residentes acuerdan con la empresa los términos en los que se hace la obra, los aspectos técnicos y el modo de pago.

La única intervención del Estado es, en ese marco, la de aprobar las labores, y declararlas de pago obligatorio para los vecinos alcanzados por la red.

Sin embargo, por primera vez, desde este año se lanzó un plan que busca, por medio de microcréditos, que más vecinos accedan al servicio.

Se trata de dineros que envía el gobierno de la Nación, unos 24 mil pesos por usuario, que se pagan en hasta 60 cuotas y que además de la conexión domiciliaria habilita la posibilidad de adquirir algún artefacto, con la empresa GasBan como intermediaria.

Pero poder reunir los requisitos no es sencillo: literalmente la red tiene que pasar por delante de la casa del posible beneficiario, quien además tiene que reunir las pautas que solicita el Estado, como un ingreso máximo por familia.

De hecho, pese a que el gobierno señala que hay 3 mil hogares en condiciones de sumarse a la red por medio de este plan, apenas hay medio centenar de proyectos en gestión, y 4 medidores instalados bajo esa modalidad.

¿Y la Tasa?

Hace 12 años, con bombos y platillos, el Estado local creó una Tasa especial que, además de la supervisión de redes ya instaladas, preveía el destino de fondos para la extensión de nuevos caños.

Se trata de un gravamen de 2,5% de cada factura que recibe el cliente de GasBan, denominado "Tributo por vigilancia, inspección y desarrollo de emprendimientos para la provisión del servicio público de gas por redes".

Según establece la actual normativa, esos fondos se usarán para "los servicios municipales de vigilancia e inspección de las instalaciones destinadas a la circulación y suministro de gas por redes y de diseño, proyección, implementación y ejecución de obras públicas tendientes a dotar a todo el ejido municipal del servicio de gas natural".

Pero lo cierto es que ni la empresa, ni la gestión anterior, en su momento, ni la actual, saben decir con precisión cuánta obra nueva se hizo con esos dineros.