La demanda del Estado bonaerense contra el Nacional para intentar recuperar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia ingresó este viernes en la Corte Suprema.

Se trata de la judicialización de una pelea por algo más de $870.000 millones, dineros que la Provincia destinaba a áreas clave como educación, salud, seguridad y alimentos.

Fuentes del gobierno provincial confirmaron a la Agencia de Noticias DIB que la demanda es doble.

Por un lado pide la inconstitucionalidad del decreto que eliminó el Fondo y, a la vez, plantea un amparo para que se suspenda el recorte mientras se resuelve el planteo de fondo.

El planteo ya ingresó al alto tribunal y fue interpuesto por el Fiscal de Estado, Hernán Gómez.

“El objetivo es que la Provincia siga recibiendo los fondos mientras se analiza la constitucionalidad de esta derogación para poder afrontar el pago de los salarios de los trabajadores de seguridad, realizar obras y demás gastos”, explicó Santiago Pérez Teruel, asesor general de gobierno de la Provincia, y remarcó que “la Corte no tiene plazos para resolver las cuestiones que se debaten en su ámbito, pero sí tiene una responsabilidad institucional de intervenir con la mayor celeridad posible”.