Las inspecciones apuntan a conocer si los empleados que se desempeñan en las viviendas de las urbanizaciones están debidamente registrados. Autoridades creen que hay un alto índice de informalidad.

El gobierno prevé quitarle los subsidios a unas 460 urbanizaciones del conurbano, la mayoría ubicadas en Pilar, Escobar y Tigre. Lo mismo ocurriría con sectores de CABA, San Isidro y Vicente López.

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