Los comercios tuvieron un plazo de 90 días para adaptarse a este cambio, modificando sus sistemas de cobro.
Los establecimientos deberán “garantizar la libertad del consumidor respecto de la modalidad de entrega y la cuantía que voluntariamente éste defina”, dice el texto del decreto.
Serían incluidas en el total de las facturas a pagar, como ya ocurre en Brasil.
