Concejales del interbloque de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ordenanza para crear en el distrito de Pilar una Defensoría para víctimas del delito.

La iniciativa apunta a que dicha oficina cuente con un cuerpo de abogados y abogadas que puedan asesorar y representar ante la Justicia, de manera gratuita, a aquellas personas que sufrieron algún hecho delictivo y que no cuentan con los medios económicos para impulsar los procesos correspondientes.

Firmado por los ediles Jesica Bortule, Analía Leguizamón, Carlos Arena de Juntos por el Cambio; Inés Ricci y Flavio Álvarez de Comunidad Pilarense; y Adrián Maciel de Pilar Federal, la propuesta establece que la oficina funcione “los 365 días del año, las 24 horas” con el objetivo de “brindar un mejor acceso a la justicia a los sectores más vulnerables”

“Lo que buscamos es que este cuerpo de abogados pueda asistir y acompañar a las víctimas en todo el proceso judicial. También erradicar la prescripción de las causas y la falta de impulso procesal de delitos configurados en el territorio perteneciente a la Municipalidad del Pilar”, planteó la concejal Jesica Bortule, entrevistada por el programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2.

Además, agregó que el proyecto también apunta a que las víctimas realicen las denuncias correspondientes “y así lograr reducir la cifra negra del delito, porque muchas veces ocurre que las víctimas no se animan a denunciar”, muchas veces por carecer de los medios necesarios para que un profesional inste la acción penal y actué durante todo el proceso.

“Las víctimas en condiciones de vulnerabilidad no pueden afrontan el proceso ya que su situación se subsume por fuera del proceso penal y no interviene en ninguna etapa salvo en la etapa de denuncia y ratificación”, reza el texto del proyecto que también contempla a los casos de violencia familiar.  

El cuerpo de abogados

La edil, en tanto, dio detalles de cómo se conformaría ese cuerpo de letrados. Mencionó que la oficina deberá estar integrada como mínimo por tres abogados especialistas en derecho penal (con posibilidad de extenderse hasta cinco abogados) y un coordinador.

Además, plantean que los abogados sean elegidos por concurso y cumplir con, entre otros, los siguientes requisitos: Contar con un mínimo de 6 años en la matricula; no ejercer la profesión de manera privada en el fuero penal en simultáneo con la labor en la Defensoría; tampoco podrán ocupar cargos públicos en simultáneo con esa labor y además no podrán haber sido en los 8 años anteriores miembros del Ejecutivo Municipal ni del Concejo Deliberante.

“Con este proyecto el Estado municipal tiende una mano a la víctima en la búsqueda de justicia, buscando de esa forma que el delito termine en condena”, señala el texto del proyecto de ordenanza y agrega que con esa iniciativa se apunta a “hacer frente a la sensación de impunidad que alimenta el crecimiento de la inseguridad”.