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Miércoles, 10 Abril 2013 23:10

"¿Democratizar la Justicia?"

 

Por Miguel Gamboa*

La nueva gesta que nos propone el Gobierno. El “vamos por todo” llevado al plano judicial.

Democratizar la Justicia, ¿quién podría estar en desacuerdo? Es políticamente deseable tener una Justicia cada vez más eficiente, transparente, independiente de los poderes fácticos,  consustanciada con los principios de nuestra Constitución Nacional y velando por los derechos humanos  de todos los ciudadanos.  Una Justicia más cerca de las necesidades del pueblo y que ofrezca respuestas a los conflictos que las nuevas realidades sociales plantean. Analicemos entonces, la necesidad y el contexto en que esta democratización se está proponiendo, como una gesta patriótica y fundacional.

 

La necesidad de la reforma

El Poder Judicial, como la mayoría de las instituciones de nuestra democracia, tiene graves falencias. Los juicios, injustificadamente, tardan años,  el personal trabaja sólo seis horas diarias, aunque lo hace en condiciones deficientes y en edificios atiborrados de expedientes hasta el techo,  la informatización judicial está en “pañales” en comparación a otros sectores del Estado, y en pleno Siglo XXI nos damos el lujo de tener 45 días al año a la Justicia parada por ferias judiciales que –como la exención del impuesto a las ganancias de los Jueces– son rémoras de privilegios que vienen desde el Siglo XIX. La celeridad procesal y el acceso a la Justicia, son los principales problemas.

Sin dudas,  hay mucho para mejorar y cambiar, siendo el nudo de una pretendida democratización,  la  transparencia en la designación de los Jueces y la búsqueda de mecanismos para responsabilizar al Poder Judicial por el contenido de sus decisiones frente a los ciudadanos.  Toda reforma requiere de voluntad política sostenida, de diálogo y debate institucional, de la participación social y de todos los partidos políticos con representación popular; es decir, de estrategias institucionales sofisticadas. Un cambio –como el que se pretende- en términos más rupturistas y fundacionales que profundos, que pretende minar a la actual organización, se parece mucho más a la toma  del Poder Judicial por parte del Ejecutivo que a una verdadera democratización.

En palabras del actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: dejémonos de cambiar todo el tiempo las bases,  porque si no todos quedaremos desprotegidos. Hagamos un camino de cambios por consensos, basados en la Constitución Nacional  que marca los principios elementales del contrato social de los argentinos.  Ese contrato social que tiene a la división de poderes como principio republicano para preservarnos del abuso del poder  y del unicato.

La oportunidad histórica y política

El kirchnerismo lleva diez años en el poder y recién ahora plantea una democratización de la Justicia; desde que lo ejerce, designó a  400 de los 700 Jueces nacionales (el 57%).  En el año 2006, se  aprueba la nefasta reforma del Consejo de la Magistratura para permitir una mayor preponderancia del poder político oficialista, y a partir de allí se nombraron 299 Jueces. Antes,  el gobierno de Néstor Kirchner había designado Jueces en la Corte Suprema que con probidad reemplazaron a la vergonzosa “corte adicta” del menemismo.

En suma, la estructura judicial que hoy es criticada por el gobierno nacional, en gran parte fue promovida por el propio oficialismo. El repentino amor por la democratización del poder judicial, claramente obedece a que hay determinadas decisiones judiciales de la CSJN  y de tribunales de Alzada, que han puesto un freno al poder político del gobierno. El punto de inflexión, fue la causa que compromete al vicepresidente Amado Boudou y a su socio comercial, en las gestiones para sacar de la quiebra y entregar a manos amigas la imprenta Ciccone Calcográfica. El entonces Procurador General, Esteban Righi, pagó con su cargo no haber impedido que le allanen un departamento al Vicepresidente. El fiscal Carlos Rívolo se quedó sin la causa. Pero lo realmente determinante, para que la Presidente decidiera ir por la Justicia, fueron las medidas cautelares y el lento trámite en el proceso judicial por la Ley de Medios. La frustración, a raíz de medidas judiciales, de la gesta patriótica promocionada como el “7D”.

La desarticulación del Grupo Clarín, ha sido una obsesión  casi patológica en la Casa Rosada, luego de haberse roto la estrecha relación que el multimedios tenía con el Kirchnerismo hasta principios del año 2008 (recordemos que en otro “7D” pero de 2007 el Gobierno Nacional aprobó la fusión de Multicanal y Cablevisión, creando así el mayor operador de cable de América Latina). Hay un claro paralelismo entre esta pretensión de democratizar la Justicia con el proceso que llevó a aprobar la ley de medios. ¿Cristina Fernández de Kirchner quiere democratizar a la Justicia o sólo busca una excusa para extinguir focos de rebeldía al Poder Ejecutivo? Con la Ley de Medios,  ¿quería  democratizar el sistema de medios o simplemente terminar con el Grupo Clarín y sus posiciones dominantes para borrar también una influyente expresión del periodismo crítico, al mismo tiempo que creaba un sistema hegemónico de medios oficialista?

Con estos antecedentes, de un gobierno que además ha utilizado al Congreso como una escribanía y ha arrasado con la mayoría de los órganos de control de la administración pública, está claro que se pretende la domesticación de la Justicia como se ha pretendido la domesticación de los medios de comunicación.

El discurso de la Presidente. Las medidas concretas

Al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, Cristina Fernández propuso que no quería una justicia “corporativa” ni “dependiente de los factores económicos”, con lo que coincidimos. No obstante, hablar de la dependencia en los factores económicos y omitir hablar de la dependencia política da un claro indicio sobre los modos en que piensa la reforma judicial.

En ese discurso, nada dijo,  sobre el mayor acceso de los ciudadanos más pobres a la Justicia, ni sobre el necesario control ciudadano sobre los jueces, ni sobre el diálogo institucional entre los poderes. Ahora se proyecta, en cambio, la posibilidad de elegir popularmente a miembros del Consejo de la Magistratura, una propuesta técnicamente contraria al texto constitucional y que intenta partidizar a la Justicia –al proponer las elecciones junto a las Primarias Obligatorias-  beneficiando así a la circunstancial fuerza política que gane las elecciones. En este punto, una reforma democrática y con espíritu republicano, debería prever la autoexclusión del Poder Ejecutivo en el proceso de nombramiento y destitución de los jueces, una iniciativa que hace ya cinco años implementó el entonces gobernador Hermes Binner, en la provincia de Santa Fe.

Propuso reglamentar las medidas cautelares (con el evidente fin de terminar el pleito con el Grupo Clarín) y la creación de “terceras instancias” como Cámaras de Casación,  instancia que alargaría aún más los procesos judiciales,  pero que le permitiría nombrar nuevos jueces para ganar más injerencia sobre las causas pendientes;  en  particular,  una Cámara de Casación en Seguridad Social retrasaría inhumanamente aún más el pago de las Sentencias a favor de los jubilados.

Párrafo aparte, merece su alusión a la necesidad de dictar una ley que limite la responsabilidad del Estado en relación con los daños que pueda causarles a los particulares. De aprobarse esta iniciativa, la Justicia estaría dando un trato desventajoso y discriminatorio a la víctima, que puede recibir una reparación integral si su daño lo produjo un privado pero no tan integral si lo produjo el Estado. Es curioso –o no tanto–  que de este modo, la Sra. Presidente terminaba por aludir a la tragedia de Once, ausente en todo su discurso. Pero lo hizo reclamando menor responsabilidad para un Estado, que por impericia y corrupción de sus funcionarios en los últimos años, debería ser enjuiciado con el mayor rigor.

Democratizar la Justicia, no puede ser una excusa para aplicar el “vamos por todo”  al plano judicial. La Argentina que queremos es la de una Justicia más democrática y realmente independiente de las corporaciones y de los otros poderes políticos del Estado.

*Docente y dirigente del FAP de Pilar.

Fuente http://elhormiguerodigital.wordpress.com/2013/04/10/democratizar-la-justicia/

 

Modificado por última vez en Miércoles, 10 Abril 2013 23:12

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